Eduardo Montealegre, Ministro de Justicia, informó este miércoles que la cartera evalúa denunciar penalmente por prevaricato al Registrador Nacional, Hernán Penagos.

Lo anterior, después de que Penagos anunciara que pedirá un concepto al Consejo de Estado, para poder tomar una decisión de fondo sobre el 'decretazo' que convoca a la consulta popular.

"El Registrador no está actuando jurídicamente, él se colocó en rebeldía contra el orden institucional colombiano", indicó Montealegre.

Según el Ministro, es un "desafío a la institucionalidad colombiana".

"Un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente", sostuvo.

Montealegre puntualizó que parece que el Registrador "entró a formar parte de la oposición".

"Él copió esa agenda y ya está en arenas movedizas", manifestó el jefe de la cartera de Justicia.

En ese sentido, informó que el Ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato

"Porque el hecho, en una situación fáctica, una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial y es nada más y nada menos que un delito de prevaricato y además una usurpación de la función pública", agregó.

La posición del Registrador

Penagos aseguró que el país está ante un "problema jurídico", pues los conceptos entre Gobierno y el Congreso son contrarios.

"Es clara y evidente la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo sin precedentes recientes", por lo que consideró necesario que sea la justicia quien tenga la última palabra.

El Registrador también advirtió que independiente de la controversia jurídica en la que está envuelta la consulta popular,  convocar a una jornada de votación como esta "requiere de una amplia logística y un trabajo de meses".

"No es posible una consulta popular en 53 días, es un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel. Son 42 millones de personas las que podrían participar de una consulta. No podemos tener una logística que ni siquiera podamos nosotros garantizar. Aquí lo correcto es esperar decisiones de los jueces", aseveró.

Explicó, que la Registraduría necesitaría "al menos tres meses si queremos sacar una consulta impecablemente".

El costo de convocar una consulta popular, le implicaría al país invertir más de 750 mil millones de pesos.

Hernán Penagos resaltó que, "no solo está en juego una consulta popular, está en juego el orden institucional".

"Este Registrador está actuando en respeto a la Constitución y la ley. Está actuando de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país. No se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas muy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes", reiteró el funcionario.

Señalado de sedición

El Presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró en la tarde de este martes que el 'decretazo' que convoca la consulta popular es de "obligatoria aplicación".

"Independientemente de la decisión que tome la Corte Constitucional, guardiana, por orden de la Constitución, de las consultas populares, que como dije, desde el día que firmé el decreto, acataremos", aseguró el Jefe de Estado.

Eso sí, advirtió que el decreto que firmó "se respeta, goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición".

El Jefe de Estado solicitó a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo al ordenamiento jurídico.

"A diferencia de otros gobiernos, en éste, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder, la presidencia e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional", aseguró.

"Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia", añadió.